Washington, D.C.- Como un "sueño cumplido". Así describieron los jóvenes ayer, la decisión de parar las deportaciones y dar acción diferida, a los jóvenes que calificarían para el Proyecto de Ley del Sueño, conocidos como "Dreamers".
Es un día de fiesta. "Recuerdo la caminata", dice emocionada Gaby Pacheco, coordinadora del proyecto END, de la red United We Dream.
Ella junto a otros tres jóvenes, caminaron desde La Florida a Washington DC a principios de 2010 para exigir un cambio, que les permitiera a miles de estudiantes salir de las sombras.
"Esto es lo que estábamos pidiendo, es lo que queríamos", enfatizó a La Opinión.
Hace más de dos años los jóvenes iniciaron una fuerte campaña, primero para empujar el Proyecto de Ley del Sueño en el Congreso. Luego de su fracaso, en 2010, centraron los esfuerzos en presionar a la Administración.
Aunque el Presidente no emitió una orden ejecutiva, como reclamaban los estudiantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó el cambio a nivel administrativo, a través de un memorando (Para detalles específicos del anuncio, ver recuadro adjunto).
"Estos jóvenes son americanos en sus corazones, en sus mentes, excepto en papel", dijo el Presidente.
"Pónganse en sus zapatos" [...] No tiene ningún sentido expulsarlos del país, simplemente por las acciones de sus padres", enfatizó. "Esto no es amnistía, no da inmunidad ni acceso a la ciudadanía".
Mientras hablaba en el jardín de las rosas, el mandatario fue increpado por un individuo quien cuestionó si esta era la mejor decisión para el pueblo estadounidense y sus trabajadores.
"Esto es lo correcto [...] Ellos realizarán contribuciones extraordinarias a nuestra sociedad", recalcó.
La acción diferida, no confiere estatus legal, pero permite a los individuos permanecer en el país, sin la amenaza de ser deportados. Además, da acceso a un permiso de trabajo. El gobierno estimó que cerca de 800,000 personas se verían beneficiadas, mientras el Centro Hispano Pew, calculó que 1.4 millones de jóvenes y adultos podrían recibir la garantía.
Aún no está claro, cómo la agencia principal encargada de este proceso (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS) ejecutará la medida, considerando que continúa enfrentando serios problemas, como por ejemplo, retrasos en la tramitación de visas.
Un alto funcionario de la Administración, aseguró a La Opinión que "se instruyó a las agencias para implementar esto en 60 días y estarán dedicadas a eso en su máxima capacidad". Sin embargo, al hablar de recursos adicionales o tiempos de espera para los postulantes; representantes del gobierno, no entregaron más detalles. Aun queda pendiente la revisión de 300,000 deportaciones anunciada el año pasado.
Legisladores republicanos como John McCain (R-AZ) y Marco Rubio (R-FL) criticaron fuertemente al gobierno.
"Es una política de corto alcance que ignora la Constitución y al Congreso y que hará más difícil encontrar una solución balanceada y responsable en el futuro", declaró Rubio.
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